El expresidente de Perú Alan García murió este miércoles tras pegarse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía en el marco de las investigaciones por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Su muerte fue confirmada por el presidente del país, Martín Vizcarra. “Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, escribió Vizcarra en Twitter.
García no era el único exmandatario peruano implicado en la trama local del caso Odebrecht; también han sido investigados Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, este último detenido la semana pasada cautelarmente. Humala también ha pisado ya la cárcel.
La agonía de la principal figura de la política peruana, junto a Alberto Fujimori, duró poco tiempo. Tres fallos cardíacos en la mesa de operaciones precedieron su muerte."Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", confirmó el presidente Martín Vizcarra, blanco de las críticas del antiguo líder del APRA, que le veía como la mano negra que mecía su acusación.
García es el cuarto expresidente vinculado directamente al escándalo Odebrecht, la constructora brasileña que a la sombra de Lula da Silva recorrió el continente con sus negocios y corruptelas. A la indignación de un país harto de corrupción se unió la consternación y la sorpresa ante una tragedia inédita, que cobra aún más drama porque Pedro Pablo Kuczynski, presidente desde mediados de 2016 hasta marzo de 2018, se encuentra internado desde el martes en la UVI de una clínica limeña tras una subida de tensión mientras cumplía 10 días de detención preliminar por el mismo caso del Lava Jato Perú. Al dirigente le acusan de haber recibido 300.000 dólares para su campaña electoral.
En la lista de acusados presidenciales también figuran el izquierdista Ollanta Humala (presidente desde 2011 a 2016) y su mujer, Nadine Heredia, acusados por el equipo especial del caso Lava Jato Perú de recibir 3 millones de dólares para su campaña presidencial. Ambos permanecieron en prisión preventiva durante nueve meses.
El cuarto ex mandatario es el centrista Alejandro Toledo (presidente del 2001 al 2006), actualmente prófugo de la justicia peruana y quien permanece a la espera de que EEUU decida sobre su extradición. A Toledo se le acusa de recibir 20 millones de dólares por facilitar contratas a Odebrecht.
Las acusaciones también han golpeado al fujimorismo en la persona de Keiko, ex candidata presidencial, quien supuestamente fue financiada con 1,2 millones de dólares. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, ha regresado a la cárcel para seguir cumpliendo su condena. La cabeza del clan, quien fue condenado hace una década por crímenes de lesa humanidad, cierra la baraja de presidentes perseguidos por la justicia, un repóker que para algunos es un símbolo de la independencia de la justicia frente a la impunidad de otros países, como Venezuela, pero que para otros es un exceso por la aplicación sin límites de la prisión preventiva.
La Fiscalía peruana eligió el mismo modelo que la brasileña, ya puesto en marcha el siglo pasado en Italia, que se basa en dictar cárcel provisional, pese a que en algunos casos no existe peligro de fuga y en recompensar las delaciones. El Ministerio Público cuenta con el respaldo mayoritario de la opinión pública.
En el caso de Alan García, el dos veces presidente quiso evitar la acción de la justicia refugiándose el año pasado en la Embajada de Uruguay en Lima. Su petición de asilo ante la "persecución política" que aseguraba padecer no tuvo el mismo éxito que en el siglo pasado, cuando Colombia le protegió de la persecución fujimorista. Un pretexto "grotesco", como lo definió el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa.
Desde entonces, el famoso "Caballo Loco", como le apodaban en su país, luchó a brazo partido contra las acusaciones de enriquecimiento ilícito y para demostrar su supuesta inocencia. Hasta ayer.
"Una sola hoja y media sustentaba el pedido de prisión preliminar contra García", se quejó amargamente su abogado, Erasmo Reyna. La Fiscalía peruana sostiene que hay evidencias contra Luis Nava, secretario de la Presidencia, quien habría recibido cuatro millones de dólares en sus cuenta. "Sólo son especulaciones sin una sola prueba. Humo... Los que me acusaron son los verdaderos corruptos. Otros se venden, yo no", respondió el propio Alan García.
La clase política del continente reaccionó con consternación ante la tragedia. "Gran amigo de Colombia y promotor de la Alianza del Pacífico", le definió Iván Duque, primer mandatario colombiano. El fracaso de Unasur y la Celac, promovidos por Hugo Chávez, y los obstáculos que Mercosur encuentra en su camino, han servido para consolidar la alianza respaldada por García.
"Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. ¡Ya basta de tanto abuso!", se quejó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Su principal colaborador, el ex vicepresidente Jorge Glas, se encuentra en prisión acusado en la trama de Odebrecht, y el propio exmandatario revolucionario también sufre investigaciones por el caso.
Si algo queda claro tras el tsunami provocado por la constructora y sus sobornos es que la región tiene un reto por delante: dar luz a la financiación de los partidos políticos y de las campañas. Otra cosa, según los analistas, es descubrir si más allá de sus pretensiones económicas, la compañía brasileña buscaba horadar el sistema democrático del continente.
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