RÍO DE JANEIRO.- La Corte Suprema de Brasil inició una pesquisa por corrupción en contra de ocho ministros del gobierno y decenas de otros políticos de alto nivel en un extenso fallo que afecta a la tercera parte del gabinete del presidente Michel Temer y a muchos de sus principales aliados.
En total se investigará a 108 personas tras la decisión del magistrado Edson Fachin, la cual es producto de más de 74 pesquisas en las que se incluyen acuerdos de culpabilidad y testimonio de ejecutivos y exejecutivos de la constructora Odebrecht.
The Associated Press obtuvo la lista de los nombres de las personas investigadas. El listado incluye al jefe de gabinete Eilseu Padilha, al presidente de la cámara baja Rodrigo Maia, al presidente del Senado Eunicio Oliveira, al ministro del Exterior Aloysio Nunes, al ministro de Agricultura Blairo Maggi, al ministro de la Industria Marcos Pereira y al exalcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes, entre otros. También se indagará a los jefes de los dos principales partidos en la coalición de Temer.
La investigación ya se hizo del conocimiento público, pero el máximo tribunal brasileño aún no publica el contenido de las acusaciones.
Todos los políticos han rechazado haber cometido cualquier irregularidad. Temer cuenta con inmunidad temporal a cualquier proceso penal debido a que los presidentes del país solo pueden ser acusados por los delitos que cometieron durante su mandato.
Después de autorizar las investigaciones, el secretario de Justicia procederá con las mismas y posteriormente decidirá si los acusados deberán ir a juicio. Temer dijo recientemente que cualquier ministro enjuiciado deberá dimitir de su cargo en el gabinete.
El fallo del juez se presenta en un momento en el que el mandatario de Brasil intenta sobrevivir a un juicio ante la corte electoral, la cual podría retirarlo del cargo por acusaciones de financiamiento ilegal de campaña. También intenta hacer aprobar algunas reformas y severas medidas de austeridad a través del Congreso. Todo esto mientras su nivel de aprobación se desploma hasta alcanzar el 10% en algunas encuestas.
Tan pronto como se dio a conocer el listado, los legisladores salieron del Congreso y evitaron hablar con la prensa. Además se canceló una importante votación para enviar ayuda financiera a gobiernos estatales en apuros.
El jefe del colegio de abogados de Brasil elogió el anuncio de la Corte Suprema, pero advirtió que todos los acusados no deben ser considerados culpables desde el principio.
"Estos acuerdos incluyen declaraciones de personas que se declararon culpables y se ofrecieron a ayudar a las autoridades. Aún es necesario verificar la autenticidad de sus declaraciones", subrayó Claudio Lamachia.
El máximo tribunal brasileño investiga a políticos, debido a que cuenta con una jurisdicción especial y a menudo actúa de manera más lenta que las cortes menores a la hora de ir tras figuras prominentes.
El magistrado Fachin también envió a las cortes menores 201 investigaciones para que sus jueces decidan si las indagatorias deben proceder. En ese listado aparecen tres expresidentes del país: Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso. Tampoco se han difundido las acusaciones en su contra.
Fachin también decidió que otra corte de alto rango debe analizar las investigaciones a gobernadores de nueve estados. En esa lista aparece el gobernador de Sao Paulo y aspirante presidencial Geraldo Alckmin, así como el gobernador de Río Luiz Fernando Pezao.
Funcionarios de otras compañías constructoras también negocian acuerdos de culpabilidad que podrían impactar aún más a la clase política brasileña.
Odebrecht y la paraestatal brasileña Petrobras están en el centro de una extensa investigación de sobornos y contratos inflados a compañías estatales. La indagatoria ha involucrado a políticos y ejecutivos de alto nivel, hasta convertirse en la mayor investigación de corrupción en la historia del país, lo que ha causado asombro incluso en el más cínico de los brasileños, debido a los alcances de la red de corrupción. Los fiscales han dependido en gran parte de acuerdos de culpabilidad con los acusados para así poder armar casos en contra de otras personas.
El escándalo incluso se ha convertido en un problema regional, ya que sistemas judiciales de otros países han acusado a funcionarios locales de aceptar sobornos por parte del gigante de la industria constructora. Por su parte, Odebrecht ha reconocido pagos de sobornos por casi 800 millones de dólares en toda Latinoamérica.
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