SANTO DOMINGO. – Cuatro de los catorce imputados en la denominada "Operación Lobo" fueron trasladados la tarde de este martes, de manera provisional, desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República, presumiblemente para ser sometidos a nuevos interrogatorios por parte del Ministerio Público.
El grupo forma parte de una presunta red de corrupción que, de acuerdo con las investigaciones, utilizaba el pago de sobornos como mecanismo principal para obtener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones estatales.
La Operación Lobo fue puesta en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, tras una investigación que llevó a cabo 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en la provincia de Santiago.
Para las acciones de esta operación se requirió de la participación de 26 fiscales especializados, quienes contaron con el apoyo logístico de 189 agentes de la Policía Nacional, en un despliegue que reafirma el compromiso institucional con el combate frontal contra la corrupción.
Las pesquisas han identificado posibles afectaciones en organismos estatales como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como en las tres principales empresas distribuidoras de electricidad del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Las autoridades han advertido que las investigaciones continúan en desarrollo y no se descartan más arrestos o nuevas medidas de coerción en las próximas horas, en lo que se perfila como uno de los operativos anticorrupción más relevantes del presente año.
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