Los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos prisa por saber quién cometió un crimen cuando éste llama nuestra atención. A su vez, la Policía necesita dar nombres, que acallen nuestro reclamo. Puede que esto lleve a una prisa que arrastra con ello la vida de gente inocente a la que le toca vivir horas amargas aunque, luego, sea exculpada.
Cuando ocurre un hecho que amerita la atención urgente de las principales autoridades de protección civil y que los organismos investigativos del país se empleen a fondo para determinar sus causas, toda la población está en alerta hasta tener respuestas claras sobre qué pasó y quiénes son los culpables.
Hace menos de dos semanas, la sociedad dominicana fue sorprendida con varios hechos criminales, de cuya naturaleza los dominicanos no habían sido testigo, como lo fue el intento de asalto a la cárcel Najayo-Hombres y el incendio a un vagón de la segunda línea del Metro de Santo Domingo.
Dentro del cruce de información que debían manejar las autoridades para dar con el paradero de los culpables de semejantes de estos delitos, salieron a relucir varios desaciertos de uno de los organismos que se supone debe manejar con cautela cada información que va a dar a conocer a la ciudadanía para aclarar cualquier duda que se tenga.
Sin embargo, no ha sido así. Llama la atención que en ambos casos se acusó a personas, que luego resultaron inocentes, y sus nombres aparecieron en primera plana de la prensa nacional, mayormente, gracias a información suministrada por la Policía Nacional.
PRIMER ERROR
Tras el ataque al Metro de Santo Domingo, el primer nombre que salió a relucir fue el del joven Francis Alberto González Gil, de 30 años de edad. Mientras Gil se debatía entre la vida y la muerte, los primeros reportes de prensa daban cuenta de que la Policía lo acusaba de ser el autor del incendio provocado al vagón del Metro, aunque la institución posteriormente negó que haya divulgado el nombre del joven.
Para despejar las dudas, sus padres convocaron a los medios de comunicación para desmentir la acusación contra su hijo, quien, en cambio, era una víctima más del atentado, y cuyo pronóstico actualmente es reservado.
No fue hasta que la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) mostró el video donde se indicaba que ese no era el autor del hecho, sino otro que había emprendido la huida inmediatamente detonó la mochila que llevaba encima dentro del vagón, que la población despejó las dudas sobre el señalado como verdadero responsable, el joven Franck Kely Holguín, de 22 años, quien habría admitido la acción ante las autoridades.
Horas después, la misma Policía Nacional daba cuenta de la entrega a las autoridades del sospechoso que había señalado la OPRET.
Dos días después, la misma Policía revela el nombre de Rosa María Martínez Hernández, como la persona que rentó la yipeta Hyundai, color gris que fue utilizada en el asalto a Najayo el pasado 24 de septiembre y que se saldó con la muerte de cuatro reclusos y dos agentes penitenciarios. Esto pese a que desde el primer momento se estableció que se trataba de un documento falso.
Recién parida, Martínez Hernández fue trasladada en calidad de detenida desde Nagua a la Fiscalía del Distrito Nacional para ser interrogada.
Sin duda, todos queríamos saber si tenía el rostro de Rosa María, esa mujer alta, de tez clara, cabello largo y negro, que se presentó el pasado 21 de octubre al dealer, ubicado en el kilómetro 21 de la autopista Duarte, a rentar la yipeta Hyundai Santa Fé color gris, placa G207596 que luego utilizaron cuatro hombres fuertemente armados para esperar a los fugados de la cárcel de Najayo.
Pero no, no era Rosa María. En esta ocasión, le tocó a la Procuraduría General de la República desmentir de nuevo al organismo, al que le respondió que estaban embarcados en una investigación muy delicada, de la que la sociedad necesita respuestas claras y contundentes, por lo que no tenían la necesidad de buscar “chivos expiatorios” para decir que el caso está resuelto.
“Hemos interrogado de manera presencial a la mujer que la Policía identificó como la responsable del alquiler de la Hyundai, pero, no se corresponde físicamente con la que buscamos ni tiene absolutamente nada que ver con el incidente, por lo tanto, la hemos puesto de inmediato en libertad”, dice el informe de la Procuraduría, señalando al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, como el responsable de la investigación.
No fue hasta esta semana que la Procuraduría ofreció el verdadero nombre de la mujer, identificada como Marleni Consuelo Almonte Peña, de 32 años y residente en Santiago.
Más contradicciones
Las recientes contradicciones han ocurrido, incluso, dentro de la misma Policía. En este caso, con relación a la muerte de una pareja a manos de una patrulla policial en Villa Sombrero, Baní. Un informe que rindió la dirección regional, habla de la intervención de unos agentes sin una orden legal, y la segunda, de la Dirección de Prensa de Policía, califica lo ocurrido como un intercambio de disparos.
La primera versión que se ofreció fue la de la Dirección Regional Sur Central, con asiento en Baní, cuyo informe, emitido el pasado día primero de este mes, explicaba el incidente donde habían perdido la vida Olga Lidia Arias Mercedes, de 33 años, y Santo Florentino Méndez Lara, de 51, quienes se encontraban en una finca de la referida comunidad. En el incidente también resultó herido Santo Warin Mendez Ruiz (Fausto), de 44 años.
Méndez Lara, de acuerdo a la primera versión policial, había sido deportado de los Estados Unidos y había llegado a reclamar su finca, la cual, un hermano suyo había hipotecado al señor Milcíades Santana, quien también alega ser su propietario. Los agentes no tenían una orden para penetrar a la finca.
En ese informe no se especifica que dos de los agentes estaban heridos y que los ocupantes de la finca le habían disparado a los uniformados, ni que estaban armados, como alega la dirección de prensa de Policía en un comunicado emitido al día siguiente donde habla de un “intercambio de disparos” que terminó con la vida de la pareja, y en lugar de un herido que había señalado en principio la Dirección Regional Sur Central, ahora eran tres, incluyendo dos de los agentes que integraban el grupo.
De lo que sí daba cuenta es de que los agentes llegaron al lugar, porque el propietario de la finca los fue a buscar para que lo ayudaran, ya que en la finca había varias personas armadas, y que, al llegar los agentes, se produjo el incidente donde la pareja resultó muerta. Los policías que integraban la patrulla son el primer teniente Rafael Mota, el segundo teniente Rafael Moscat Guzmán (La Vaca), los sargentos Weslín Carmona Méndez y Fabio Ramírez Nin, que según la institución del orden están detenidos.
El informe de la Policía central no especifica qué tipo de heridas sufrieron los dos agentes, y aunque dice que fueron leves, se podría pensar que no fueron de bala porque están guardando “prisión”.
Trae a suspicacia que si se produjo un “intercambio de disparos”, donde dos de sus agentes resultaron heridos, se hablara de que todos los integrantes de la patrulla estuvieran detenidos, y no recibiendo atenciones médicas en el caso de los que resultaron heridos.
Por Santa Marte / Listín Diario
0 comentarios:
Publicar un comentario