Un poderoso comité del Congreso estadounidense, liderado por el Partido Republicano, ha citado al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, como parte de una polémica investigación que revive el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Las comparecencias están pautadas para octubre, en medio de una creciente presión política y mediática sobre el tema.
La medida surge tras nuevas exigencias de transparencia hacia el gobierno y el Departamento de Justicia, que en 2019 declaró oficialmente cerrado el caso Epstein al confirmar que el magnate se suicidó en prisión antes de enfrentar juicio por tráfico sexual. Sin embargo, sectores conservadores siguen cuestionando esa versión y presionan por divulgar más detalles.
El congresista republicano James Comer, presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, fue quien emitió las citaciones. En su comunicación, alega que Bill Clinton voló varias veces en el jet privado de Epstein y que incluso fue fotografiado en situaciones comprometedoras. También sugiere intentos por influir en medios para encubrir al financiero.
Hillary Clinton, excandidata presidencial y figura clave del Partido Demócrata, también fue citada por supuestos vínculos familiares con Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena por reclutar menores. Aunque no hay pruebas concluyentes, el comité busca esclarecer la relación de ambos con la red criminal que lideraba Epstein.
El caso también ha salpicado a otros altos exfuncionarios estadounidenses, incluidos exjefes del FBI, fiscales generales y miembros de diferentes administraciones. La comisión exige al Departamento de Justicia acceso a comunicaciones de Epstein con figuras como el presidente Joe Biden y otros funcionarios del actual gobierno.
Hasta el momento, ni Bill ni Hillary Clinton han confirmado si asistirán a las audiencias. En paralelo, el expresidente Donald Trump intenta distanciarse del escándalo, pese a sus propios vínculos pasados con Epstein, mientras sectores del Congreso y la opinión pública reclaman una reapertura del caso con acceso total a los archivos judiciales.
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